1 de cada 5 jefes policíacos están reprobados y siguen ilegalmente en sus puestos

Uno de cada cinco altos mandos de las Secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías Generales de Justicia de los Estados (PGJE) y del Distrito Federal, reprobaron los exámenes de control y confianza.





Aunque la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que deben ser removidos, por el riesgos que representan para el desarrollo de sus funciones, siguen en sus cargos.

Son 156 funcionarios (22 por ciento), de un total de 701 altos mandos de los 31 Estados y del Distrito Federal, cuyas pruebas acreditan que no se apegan a los principios constitucionales que rigen la actuación de un servidor público.

Los exámenes de control y confianza están integrados por pruebas patrimoniales y de entorno social, sicométricas y sicológicas, médico y toxicológico, y el polígrafo.

No pasar los exámenes significa que se observa en esos servidores públicos indicadores de riesgo para el desarrollo de sus funciones. Es decir, sus características, hábitos y conductas no se apegan a los principios constitucionales que rigen la actuación de un servidor público.

El costo de las pruebas en 2009 ascendió a 10 mil millones de pesos (mdp), recursos destinados a la realización de 800 mil evaluaciones en todos los Estados y el Distrito Federal.

5 mil 770 mdp fueron destinados al pago de evaluaciones y a la dotación de infraestructura, equipamiento y personal para los 38 centros de Evaluación y Control de Confianza que operan actualmente en México.

4 mil 400 mdp restantes, se erogaron en la capacitación y actualización de 3 mil 133 especilistas, quienes son los que han realizados las evaluaciones.

79 reprobados corresponden a la Policía Federal, dependencia ahora centralizada a la Secretaría de Gobernación, quien cabe serñalar no ofreció un desglose de los cargos de los reprobados.

Los 77 restantes son de las procuradurías. Se trata de 3 procuradores, 34 subprocuradores, 15 fiscales, 4 vicefiscales, 7 directores de la policía ministerial, 5 titulares de la policía investigaora y un coordinador de la policía del estado.

Asimismo, de un director de la policía operativa, un subsecretario de Desarrollo Policial, un coordinador general de la PGJE, 3 subsecretarios de prevención y readaptación social, un subsecretario de Formación y Desarrollo Institucional y un director de la Secretaría de Seguridad Pública.

La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que quienes reprueban deben ser separados del servicio público.

Sin embargo, a los gobernadores no les interesa depurar y mejorar las corporaciones policiales; reciben recursos sin que hagan de él un uso adecuado toda vez que los problemas del crimen son de los que más aquejan a la ciudadanía. Lo peor mantienen en el cargo a funcionaros cuyo resultado de las pruebas es “no recomendable” o “no apto”.
Algunos ejemplos

• Ricardo Ornelas Saavedra, coordinador de centros penitenciarios de Sonora
• Emmanuel Castillo Ruiz, coordinador de centros penitenciarios de Oaxaca
• Ramón Domínguez Perea, fiscal especializado en Prevención del Delito de Chihuahua
• Sandra Angélica Vázquez Parra, vicefiscal de zona de la Región Laguna, Durango
• Juan Soto Ledezma, subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública

Con información de El Universal