Le 'encuentran' terrenito de 22 millones de dólares al priísta prófugo Yarrington

Una nota periodística publicada hoy por el San Antonio Express-News afirma que el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, compró terrenos valuados en 22 millones de dólares en la ciudad de San Antonio, Texas, y que estos se pueden vender por las autoridades locales, según lo determinó un Juez este miércoles.




Los terrenos que miden 186 mil 155.4 metros cuadrados, se encuentran ubicados detrás del parque temático de diversiones Six Flags y del exclusivo Hotel y Spa Eilan.

Yarrington es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además fue ex Alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y ex gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004.

El reportaje firmado por los periodistas Guillermo Contreras y Jason Buch, cita a fuentes federales estadounidenses, que dijeron la investigación de lavado de dinero es de “gran alcance”.

El medio texano recuerda que Yarrington se encuentra prófugo y que en el año 2012 fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado, así como delitos financieros.

Durante el procedimiento en San Antonio, dice el San Antonio Express-News, los fiscales federales revelaron que han solicitado la extradición de Yarrington y un presunto cómplice, Arturo Berlanga Bolado, para enfrentar cargos federales en Brownsville.

Berlanga Bolado -quien se desempeñó como Secretario de Transporte bajo el sucesor de Yarrington, Eugenio Javier Hernández Flores- obtuvo la propiedad de San Antonio a través de un ex socio de negocios llamado Fernando Cano.

En 2012, las autoridades estadounidenses acusaron a Cano bajo los cargos de haber lavado dinero para Yarrington -quien lo obtuvo de sobornos- en propiedades en el sur de Texas, incluyendo el terreno en cuestión.

Los funcionarios federales le dijeron al diario local que no tienen evidencia de que Berlanga está involucrado en ningún otro delito. Sin embargo, bajo procedimientos de decomiso civil, obstaculizaron los intentos de Berlanga para desarrollar el terreno o hacer cualquier otra cosa con el mismo.

Berlanga obtuvo un préstamo para adquirir la propiedad, pero se retrasó en sus pagos en diciembre como resultado del litigio, según lo sostuvieron sus abogados Gilberto Hinojosa y Rolando Ríos.

Así, el banco PlainsCapital pidió al Juez de distrito Xavier Rodríguez ejecutar la hipoteca de la propiedad y venderla. Sin embargo, Rodríguez negó la petición del banco.

En cambio, se concedió la petición de Berlanga para que se pueda vender la propiedad, que un agente de bienes raíces ha estimado que podría costar hasta 22 millones de dólares.

El Juez le dio a Berlanga hasta diciembre para tratar de concretar la venta. Si no lo hace, entonces el Juez dejaría al banco PlainsCapital ejecutar la hipoteca del terreno.

Si es vendido por Berlanga, el Gobierno estadounidense podría obtener hasta 3 millones de dólares por dicha transacción y el banco recibiría entre 4 y 5 millones de dólares para satisfacer su demanda en los términos del préstamo,

Los fiscales admiten que no tienen evidencia criminal contra Berlanga, pero no desean que Cano, o en última instancia Yarrington, logre obtener dinero con la venta del terreno.

“No es un propósito del Gobierno enriquecerse con estos [decomisos] procedimientos”, le dijo el Fiscal federal adjunto María Nelda Valadez al Juez. “Lo hacemos básicamente para quitarle la propiedad a quien detrás de ellas se encuentra con las manos sucias.”

Berlanga, de 50 años de edad, que ahora vive en San Antonio y es el jefe de una empresa desarrolladora llamada Cantera-Parkway Partners LP, dijo que no es culpable de nada.

Le dijo al Express-News que espera recuperar la reputación limpia que tenía antes de hacer negocios con Cano, con dijo haber hecho negocios pequeños muchos años atrás.

“Para mí y mi familia, este proceso ha sido muy difícil”, dijo Berlanga, que había planeado un desarrollo de uso mixto con el terreno. “En los Estados Unidos, al igual que en México, las relaciones comerciales están atados a la reputación, y el simple hecho de que un gobierno acuse a alguien o una de sus propiedades, arroja algunos problemas en su reputación, incluso si no es cierto”, dijo Berlanga.

La nota completa en Sin Embargo