Piden Isabel Wallace y priísta de la PGR que expertos 'saquen las manos' del caso Iguala

El ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, Samuel González Ruiz, y la presidenta de la organización oficialista 'Alto al Secuestro' dijeron que las organizaciones que apoyan al grupo 'están violando los estatutos de la OEA' y están tratando de ''levar al gobierno contra la pared'




La supuesta activista Isabel Miranda de Wallace y el ex director priísta de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Samuel González Ruiz, dijeron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 'debe salir del caso Iguala' porque está violando los estatutos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, según ellos, señalan que ningún secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede ordenar una investigación en su país de origen; esto a pesar de que los expertos fueron en un principio invitados por el régimen peñista con la esperanza de legitimar la 'verdad histórica' que ha intentado sustentar sin éxito; sin embargo, los expertos rechazaron esta versión y han tratado de esclarecer los hechos, algo que hasta el mismo gabinete peñista ha reconocido.

González Ruiz, ex asesor Interregional de oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito y connotado priísta, dijo que además del conflicto de interés, el GIEI 'está politizando el asunto' porque muchas de las organizaciones que están apoyando a los expertos tienen vínculos directos con Emilio Álvarez Icaza, secretario general de la CIDH.

A su vez, la presidenta de la organización 'Alto al Secuestro', Isabel Miranda de Wallace, pidió la salida del grupo de expertos porque 'sus integrantes no son los indicados para llevar a cabo la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa', sino la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, por tratarse de un asunto donde está involucrado un grupo de narcotráfico; esto a pesar de que existe relación con cuerpos de seguridad mexicanos y los estatutos de la CIDH permiten actuar en este caso específico.

"Indudablemente que hay un conflicto de intereses muy grande, están tratando de llevar a México y al gobierno contra la pared, cosa que nos parece sumamente delicada", dijo Wallace, quien ha enfrentado serias críticas por utilizar la corrupción de las autoridades mexicanas como 'trampolín' para alcanzar objetivos políticos personales.

Dijo que además "existe un conflicto de intereses dentro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", porque el secretario general es un mexicano que no puede conocer de conflictos en México (sic), "tenemos a su principal ex visitador peleando los derechos de las víctimas".

Wallace también hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las demás autoridades para que dejen de estar utilizando el caso Ayotzinapa como una "bandera política", ya que ninguna de las 111 personas consignadas están acusadas de desaparición forzada, sino de secuestro.

Fuente: Milenio