'Nos usan como carne de cañón': policías antimotines de #Guerrero

Policías antimotines acusan que se les envía a contener marchas en inferioridad numérica y no reciben el apoyo jurídico que necesitan.



Presión, encuartelamientos, desalojos, contención de manifestaciones en inferioridad numérica y hasta la indefensión en el terreno jurídico son algunas de las constantes que enfrentan los policías antimotines del estado, por lo que algunos de ellos se animan a levantar la voz para decir "ya basta" y expresar que están hartos de que se les mire siempre como enemigos del pueblo.

José Alberto Valenzo es un policía estatal sin rango, pero que en los hechos se ha colocado al frente de un grupo de 35 antimotines que sentaron un precedente histórico en Guerrero, pues la noche del 9 de abril se negaron a acatar una orden directa de sus mandos: "partir la madre" a los trabajadores del Poder Judicial que desde hace un mes mantienen un paro laboral.

Si bien la tarea policiaca en Guerrero implica no ser bien visto por los integrantes de las organizaciones sociales que tradicionalmente se movilizan, la tensión para los uniformados se complicó aún más después de los hechos de 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos en la ciudad de Iguala.

Desde entonces, Valenzo sostiene que se les envía constantemente para encarar protestas en condiciones de desventaja, lo que ya ha generado lesiones a varios de ellos.

El jueves 9 de abril, cuando irrumpieron en instalaciones del Poder Judicial en las principales ciudades de la entidad, los policías que permanecían en Acapulco afianzaron un pacto de no agresión con los trabajadores, pero se enteraron cabalmente de lo que sucedía en Tixtla e Iguala, donde sus compañeros fueron expulsados a punta de piedras, palos y patadas.

"Es una impotencia saber que a un compañero con el que convives mucho tiempo lo están golpeando, que los manifestantes, por su mismo estrés, han reaccionado con violencia contra ellos", apunta.

Uno de sus compañeros, moreno, robusto y estatura baja, intercede en la charla para asumirse como ejemplo: "Yo tengo cinco hijos, todos son menores de edad. Si me lesionan o me suspenden ¿Qué van a comer? Nadie se hará cargo de ellos".

Asegura que tras los hechos de Iguala se incrementó la presión hacia ellos por parte de los mandos y se les somete cada vez más a los encuartelamientos, lo que disminuye la convivencia con familia.

"La verdad es que hay mucho estrés, a muchas movilizaciones nos mandan en inferioridad numérica y por eso nos agreden".

Lanza varios cuestionamientos que no obtienen respuesta ¿En qué lugar están nuestros derechos? ¿Quién revisa a los estudiantes de Ayotzinapa y a los profesores, cuando ellos llevan palos, piedras, y nosotros solamente tenemos la orden de contenerlos?

Con menos de 30 años a cuestas, pero con la formación de un licenciado en derecho, el policía reprocha que siempre que hay una protesta, el agente deba forzosamente ser visto como el malo.

"La verdad es que no debe ser así; nosotros hacemos lo más que podemos para respetar sus derechos humanos (de los manifestantes)".

Concepción Reyes Flores es uno de los elementos que la jornada del 24 de febrero recibió algunos proyectiles lanzados por los manifestantes.

"Yo recibí una pedrada en el pie, me dieron tres días de incapacidad y me recuperé, pero hay compañeros a los que golpearon hasta dejarlos privados", lamentó.

Ambos asumen que en más de una ocasión se les utiliza como carne de cañón al enviarlos a situaciones extremas, en las que generalmente los mandos huyen y los dejan abandonados a su suerte.

De los hechos ocurridos el jueves pasado en Tixtla e Iguala, señalaron que sus compañeros se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común para levantar la denuncia correspondiente; sin embargo, ahí les requirieron el oficio que justificara la presencia en ambos lugares.

No pudieron acreditar ningún documento porque la orden para trasladarse fue solo verbal. Por esa razón es que al comentar la situación declinaron la posibilidad de querellarse, pues la denuncia les puede resultar contraproducente.

El caso, de acuerdo con José Alberto Valenzo, es solo un ejemplo de los muchos problemas a los que se enfrentan los policías estatales por cumplir con su labor.

Con información de Milenio