La brutal explotación laboral de las costureras en México, peor que en 1985

En las fábricas y talleres donde se confecciona ropa en el país, las costureras sobreviven con salarios que van de 650 a 700 pesos semanales, apenas 2 mil 800 pesos al mes. Les pagan entre 2.5 y 3 pesos por prenda. Son obligadas a trabajar entre 11 y 12 horas al día, o las despiden. La mayoría no tienen prestaciones, y casi la totalidad están con sindicatos de protección.



Este es el retrato de la situación que viven las mujeres del gremio que hace la secretaria general del sobreviviente Sindicato Nacional de la Industria de la Costura y la Confección 19 de Septiembre, Alejandra Martínez Hernández, quien agrega: “Nos fregamos los riñones, los pulmones y la vista, y ni cómo atendernos, porque es raro el patrón que paga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No quieren. Estamos igual o peor que en 1985.

Treinta años después del sismo que sacó a la luz la explotación que vivimos, nada cambió. Sólo los nombres de los patrones y las empresas. La situación de las costureras en México está muy mal, cada día peor. Los patrones no dejan que ningún sindicato se meta a las fábricas, prefieren llegar a arreglos con los de la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos o cualquier otro gremio de protección, todos ellos del PRI, afirma la lideresa.

Mientras relata cómo lograron rescatar el 19 de Septiembre, que casi se había extinto, hace un paréntesis para señalar que pasa lo mismo en las empresas de confección de ropa de las calles de Pino Suárez, Izazaga y Chabacano, en el Distrito Federal, que en las de mezclilla de Puebla y Tlaxcala, o las de chamarras y mochilas en el estado de México. A los trabajadores del ramo les pagan apenas arriba de un salario mínimo, y no tienen prestaciones. Por estos talleres no llegan los inspectores de la Secretaría del Trabajo, o no los hemos visto, expresa.





Pone de ejemplo que en Maquilas Cartagena, del empresario Ernesto Kuri, que fabrica ropa de las marcas Paco Rabanne y Nina Ricci, las trabajadoras iniciaron una huelga hace dos años, porque llevaba semanas pagándoles 100 o 200 pesos, argumentando que no tenía dinero. El patrón, además de haber cambiado cuatro veces de razón social, no les pagaba IMSS ni Infonavit. Se llevó la maquinaria y les ofreció de liquidación 10 mil pesos a costureras que tenían 30 o 35 años de antigüedad. Siguen en plantón a las afueras de la empresa.

La autoridad laboral, como siempre en contra de los trabajadores, desconoció la huelga, y ellas interpusieron un amparo.

Con experiencia en muchas batallas, añade: A mí me han despedido de tres empresas por tratar de organizar a las compañeras. En otras, nada más saben que vengo de la lucha de 1985 y no me contratan. Pero también muchas compañeras no quieren saber de organización por miedo a perder el trabajo.

Apoyos que no llegaron

–¿Por qué casi acabaron con el 19 de Septiembre? –se le pregunta, y con voz que no deja de tener cierta tristeza responde:

–Se batalló fuerte para construir la organización. Se lograron muchos contratos, pero hubo problemas porque mucha gente, asesores, metió la mano en el gremio. Supimos que hubo muchos apoyos de organizaciones nacionales e internacionales que nunca llegaron a las costureras. Gente ajena que se apropió de los predios, de los departamentos que les asignaron.

Se crearon dos guarderías para los hijos de estas trabajadoras, y de las personas que estuvieron en la lucha inicial y las usufructúan. Luego las empresas fueron presionando a las trabajadoras para que se salieran del sindicato, con amenazas, con recuentos amañados, y cerraron los talleres, como hizo una maquiladora de Tehuacán, donde se ganó el registro y luego se liquidó a la plantilla laboral.

Martínez Hernández –quien trabaja en una compañía de las 8 de la mañana a las 7 de la noche– expone que el 19 de Septiembre sólo tiene los contratos colectivos de tres empresas: una en Irapuato, otra en Tlalnepantla y otra en Iztapalapa.

Advierte que miles de costureras en el país no alcanzarán jubilación, porque no las afilian al Seguro Social. Menos podrán hacerse de una vivienda, porque tampoco les pagan el Infonavit. Asegura que algunas prestaciones no se las han dado nunca, como utilidades. Concluye: Es duro este trabajo, y más batallar frente a autoridades que cierran los ojos ante la realidad.

Fuente: La Jornada